Patrimonio de Jerez de los Caballeros

Se van cuando nadie se da cuenta, sin despedirse ni avisar, en una actitud que la Iglesia achaca al interés por estar en un segundo plano y que realmente molesta a los ciudadanos con los que han convivido durante mucho tiempo. La de las comunidades religiosas que han abandonado Extremadura en los últimos años, ha sido la mayoría de las veces una marcha silenciosa. En algunos casos, además de irse sin ruido, lo han hecho con el camión de la mudanza lleno de enseres, que los vecinos creen que les pertenecen.

Sus conciudadanos no entienden que monjas, monjes o frailes se marchen sin decir adiós, en una especie de huida por la puerta de atrás que realmente les duele. Más todavía cuando descubren que se van, dejando desnudos los edificios.

¿Por qué no se despiden de la gente con la que han convivido? Se lo preguntan vecinos como Feliciano Correa, cronista oficial de Jerez de los Caballeros y miembro de la plataforma ciudadana que se ha creado para exigir que las clarisas devuelvan lo que se llevaron en 2007 de Nuestra Señora de Gracia. «No le contaron a nadie que se iban, pero sí que llamaban a la Junta o a quién hiciera falta cuando tenían algún problema en el tejado o en el suelo para que se lo arreglaran. No se puede dar la espalda de esa manera a una localidad en la que se les ha estado ayudando», indica.

La de las clarisas no es la primera orden religiosa que actúa de esta manera. Los jerezanos tienen experiencias previas, como la de los padres claretianos, que en la década de los 70 se marcharon del convento de San Agustín, dejando además el palacio anexo y el monasterio de Aguasantas, convento franciscano desde el XV. «Se lo llevaron todo; quitaron con cincel y martillo los marcos, la solería de mármol, los peldaños de las escaleras...», recuerda Correa.

Tres cuartas partes de lo mismo ha ocurrido en Zafra, donde llevan años pidiendo a la administración regional que medie para que se restituya el patrimonio religioso que varias congregaciones han ido sacando del pueblo. «En los últimos 25 años se han cerrado cuatro conventos; en dos han dejado parte de lo que había y en otros dos se han llevado todo, absolutamente todo».

Esos otros dos edificios que han quedado vacíos, a los que se refiere Juan Carlos Rubio, de la Asociación Amigos del Museo y Patrimonio de Zafra, son los de las carmelitas descalzas de Santa Teresa y el de las dominicas de Santa Catalina. «Lo de las carmelitas se denunció ante la Junta de Extremadura, que mandó un inspector, pero llegó 24 horas después de que saliera el último camión de la mudanza».

Los abandonos de Jerez y Zafra no son los únicos que se han producido en los últimos años en la comunidad autónoma extremeña, pero sí son los de mayor actualidad, porque sus vecinos han decidido agruparse formalmente con el fin de exigir a la administración regional una vigilancia mayor sobre un patrimonio religioso que consideran que se está expoliando. Tal movilización civil responde, además, a la Ley de Patrimonio de Extremadura, que establece que cualquier persona o colectivo que observe algún peligro de destrucción o deterioro tiene la obligación de denunciarlo.

Museos y bibliotecas
 

¿Qué obligaciones atribuye esa normativa a la administración extremeña? Por encima de todas, la de proteger el patrimonio histórico y cultural en general y también el religioso, en colaboración con la iglesia católica con la que forma una comisión mixta. Establece, además, que a esos bienes religiosos se les aplicará el régimen general de protección y tutela previsto en la Ley, sin perjuicio de las singularidades que pudieran derivarse para la Iglesia Católica como sujeto de derecho.

El movimiento ciudadano organizado en Jerez de los Caballeros ha servido, por el momento, para que la consejería de Cultura exija a las clarisas que devuelvan dos retablos que se llevaron con ellas a Córdoba. Los segedanos, por su parte, esperan que su reclamación como Plataforma (como Asociación Amigos del Museo lleva años intentándolo por su cuenta) obtenga también una respuesta positiva por parte del gobierno regional.

Un mayor control es lo que piden quienes se sienten afectados por estas situaciones. Su propuesta es que se cuente con la sociedad civil a la hora de gestionar el patrimonio. «Políticos, técnicos, jueces y ciudadanos son los que tienen que actuar de manera conjunta en estos asuntos. Es lo más justo en un sistema democrático y de participación, que también debería abarcar a las comunidades religiosas y su forma de actuar», apunta Correa.

Lo que se hayan podido llevar las comunidades religiosas de los edificios que han habitado durante siglos lo consideran patrimonio popular. Un equipaje que pertenecería al pueblo y que en sus fronteras debería quedarse.

¿Para qué? Para mostrarlo como parte de su legado en museos, en el caso de ropa eclesiástica, bordados, platería y otras formas de arte, o bien para que pase a formar parte de los archivos, en el caso de documentos que aportan muchas veces datos sobre los propios municipios. «¿Qué pinta todo eso en otro sitio?», apunta el cronista jerezano.

En el caso de los edificios, se alude a la necesidad de darles uso, con el fin de evitar su ruina y el vandalismo que ya afectan a lugares como Santa Catalina de Zafra. Piden, además, que se les dote de un contenido de tipo religioso, cultural o social que no rompa en exceso con el origen por el que se levantaron.

Piezas de colección
 

Un comedor social, por ejemplo, que es lo que el Obispado de Mérida-Badajoz y el Ayuntamiento de la capital autonómica han pedido para el convento de las Encerradas, del que las concepcionistas se fueron a finales de 2009. Marcharon a Sevilla y se fueron también sin hacer ruido.

El caso es que los emeritenses se quedaron sin el último convento habitado con el que contaban y sin parte de su contenido, que se fue con las hermanas hasta la nueva morada de Mairena del Aljarafe.Este cierre dejo también en el aire la duda sobre quién era su propietario, una vez que un descendiente del benefactor que permitió la fundación del monasterio, reclamó una reversión a la que la congregación se opuso defendiendo su propiedad, tal y como figura en el Registro.

Muestras, en definitiva, de situaciones que revelan la lucha por el patrimonio religioso. Los vecinos consideran que sentimentalmente les pertenece, mientras las congregaciones lo estiman como suyo. Los primeros critican que se especule con ello, vendiéndolo para obtener unos ingresos que a las comunidades religiosas les vienen bien. Cálices, tablas o retablos que muchas veces acaban en la vitrina de un anticuario que lo ofrecerá por mucho más dinero del que le costó. Conventos y monasterios en los que se llega a cobrar por dormir.